Se debe aclarar que cada país cuenta con su propio procedimiento interno de extradición en el que se definen las instancias a las que pueden acudir los extraditables.
El Estado requerido CONCEDE o NIEGA la extradición, cabe señalar que pueden ser recurribles ambas decisiones tanto por la defensa del reclamado como por la Fiscalía que defiende la postura del gobierno mexicano reclamante de la extradición.
9. ¿Puede una persona ser extraditada desde México si ya ha sido juzgada y condenada por el mismo delito en México?
Una vez que se ha completado el proceso de extradición y se han cumplido con todos los requisitos establecidos por la ley, se toma una decisión sobre la extradición.
2. Cuando el delito se haya cometido fuera del territorio de la Parte requirente, la Parte requerida concederá la extradición si:
Con base en esta strategy central, la autora se sumerge en el estudio de la extradición a través de cinco grandes capítulos que abordan la difícil tarea de crear leyes modelo de extradición que reúnan las principales tradiciones jurídicas en la materia, y permitan una armonía plena entre los tratados internacionales, el derecho interno de los Estados, y el respeto de las garantías individuales del sujeto reclamado.
La extradición es un proceso por el cual una persona acusada de un delito en un país es entregada a otro país para ser juzgada por el mismo delito. Este proceso es utilizado por los gobiernos para combatir el crimen internacional y asegurar que los delincuentes sean llevados ante la justicia.
El capítulo III, intitulado "La extradición y el derecho internacional privado", está dedicado al estudio de los puntos de conexión existentes entre la figura de la extradición y diversas ramas del derecho como el constitucional, penal, administrativo, internacional público e internacional privado. Es precisamente en el derecho internacional privado (DIPr) en el que la autora enfoca la mayor parte de su análisis. Se parte del argumento de que el have a peek here problema central radica en la persona del extraditurus, quien por regla common goza de una Source nacionalidad que lo vincula con un ordenamiento jurídico nacional determinado, y que puede entrar en colisión o conflicto de leyes o de competencia judicial al momento de que dicho individuo es reclamado por un ordenamiento jurídico extranjero.
Por otro lado, analiza la forma en que México ha asimilado en su derecho interno dicho mecanismo de cooperación y las contribuciones mexicanas al desarrollo, consolidación y creación de normas uniformes de extradición en el ámbito regional latinoamericano. A lo largo de toda la obra, la autora se vale del derecho comparado para estudiar y confrontar las diferentes tradiciones jurídicas en materia de extradición imperantes en los países latinoamericanos y España, con el objetivo de rescatar todas aquellas similitudes que puedan coadyuvar a la creación de las ya mencionadas normas uniformes.
Una vez que se ha determinado que la persona es la misma que se busca y que los delitos son punibles en México, se lleva a cabo un juicio de extradición en el que se analiza la evidencia presentada por el país solicitante y se determina si se cumplen los requisitos necesarios para proceder con la extradición.
Que en los archivos de esta Secretaría obra uno de los dos originales del Tratado de Extradición entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de Belice, firmado en la Ciudad de México el día veintinueve del mes de agosto del año de mil novecientos ochenta y ocho, cuyo texto y forma en español son los siguientes: PREÁMBULO
Estas leyes establecen los procedimientos y los requisitos para solicitar la extradición de una persona y para decidir si se concede o no.
R: La persona debe ser acusada de un delito en el país que solicita la extradición, y ese delito debe estar contemplado en la ley mexicana. También debe ser ciudadano del país que solicita la extradición o haber cometido el delito en ese país.
Los países pueden tomar medidas como emitir órdenes de captura weblink internacionales, cooperar con otros países para llevar a cabo investigaciones conjuntas y aplicar sanciones económicas y políticas a los países que no cooperan en la lucha contra el crimen.